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Etapa informativa del proceso de consulta que lleva a cabo la CIBIOGEM en Dzibalchén, Hopelchén, Campeche

DzibachenN

24 de Julio de 2016, Hopelchen, Campeche, México.

Por : Naayeli Ramírez

Hoy en Dzibalchén, Hopelchén, Campeche se llevó a cabo la etapa informativa del proceso de consulta indígena que lleva a cabo la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados (CIBIOGEM) y la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) por recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH, Rec. No. 23/2015) relacionada también con la orden de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de consultar comunidades en este municipio acerca de la siembra de soya genéticamente modificada tolerante al herbicida glifosato (soya transgénica) en los territorios ancestrales de sus comunidades.

 

A la reunión asistieron alrededor de 50 personas de la localidad y 20 visitantes de otras localidades. Atendieron a la sesión observadores de la CNDH, personas de otras comunidades, así como académicos, reporteros, y miembros de la Misión de Observación del proceso. Alrededor de 30 personas firmaron el acta que daba por terminada la etapa informativa del proceso. La población de Dzibalchén es de más de 4000 personas y cuenta con un ejido de un poco más de 150 miembros. La sesión contó con la presencia del comisario ejidal, pero con ninguna otra autoridad de la comunidad.

La sesión informativa tuvo deficiencias en la logística ya que ninguno de los apoyos visuales fue útil porque la sesión se llevó a cabo al aire libre, a plena luz del día y todos los apoyos eran presentaciones de Power Point. La sesión se llevó a cabo en español y no hubo solicitudes de llevar a cabo ninguna explicación en Maya. La invitación a la reunión se hizo por medio de un aviso en la reunión ejidal, alrededor de veinte avisos por escrito en maya y español pegados en el edificio de la Junta Municipal y algunas esquinas del pueblo, así como pequeños avisos por escrito que se repartieron en algunas casas. La tradición en la comunidad es que las reuniones se anuncian con megáfono en un auto que recorre las calles del pueblo, pero al parecer no estaba la persona que presta dicho servicio el domingo por lo que no se hicieron avisos con el megáfono.

Después de la sesión de información visitamos 35 hogares para hacer un diagnóstico preliminar sobre las posibles razones por las cuales los locales no habían asistido a la reunión. En 23 hogares, ninguno de los miembros tenía conocimiento de la realización de la reunión. En 12 de los hogares no se tenía conocimiento de la realización del proceso de consulta en su comunidad. En dos hogares se encontraron invitaciones, en uno de ellos la persona que los recibió no sabe leer por lo que se acercó a sus hijas para conocer el contenido. En tres hogares hubo un miembro que atendió la reunión, en dos de éstos hogares dicho miembro era ejidatario y en un hogar un miembro atendió brevemente la reunión porque paso por ahí saliendo de misa pero no entendió de qué se trataba por lo que no firmó ni participó. Todos los que conocían de antemano la realización de la reunión pero decidieron no atender fue por razones de trabajo, muchos en la comunidad estaban sembrando, atendiendo sus negocios o viajando desde las poblaciones donde laboran. En uno de los hogares se nos dijo que ningún miembro había atendido porque el periódico Por Esto! había publicado que se cancelaba la reunión (en efecto el periódico Por Esto! publicó que la sesión en Dzibalchén estaba cancelada). En los hogares y negocios aledaños a la plaza central del pueblo en donde se llevó a cabo la reunión y lograron escuchar la invitación hecha por micrófono dijeron no haber atendido porque ellos no tienen tierras y por lo tanto pensaron que no podían opinar. En otros diez hogares fuera de este perímetro se opinó lo mismo: “de todas maneras nosotros no tenemos derecho a opinar porque no tenemos tierra.” En 30 hogares me dijeron que el medio de invitación de su preferencia es el carro con megáfono que se pasea por la localidad. La falta de asistencia a la sesión y las opiniones recabadas parecen indicar que las decisiones de la comunidad en este proceso de consulta se están tomando sin la participación de los pobladores y con base en información errónea.

En esta sesión informativa se hicieron exposiciones sobre: el marco legal de la solicitud 7-2012 de Monsanto al Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, SENASICA y el otorgamiento del permiso a Monsanto; la soya transgénica; el glifosato; y la afectación a la apicultura por la siembra de la soya transgénica. Todos los expertos que expusieron durante la sesión menos el Doctorando Belém Hernández, investigador de la Universidad Autónoma de Chapingo, trabajan para alguna de las agencias gubernamentales involucradas en el proceso de otorgamiento del permiso (Sol Ortiz García y Marco A. Ramírez Velázquez son parte del equipo de la Secretaría Ejecutiva de la CIBIOGEM, Rafael A. Romero Castillo es Subdirector de Dictaminación de Organismos Genéticamente Modificados de SENASICA, y Sergio Sarabia es biotecnólogo de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, COFEPRIS) por lo que la sesión se enfocó en informar las razones por las cuales se había otorgado el permiso para la siembra de soya transgénica en la región. Esto es una situación grave porque este equipo otorga información según la posición de las instituciones que representan, la cual no es suficiente según los requerimientos de la ley internacional, constitución y protocolos al respecto para que la comunidad tome su decisión.

En su presentación, el doctorando Belém Hernández (quien ha trabajado en el pasado en SAGARPA) repetidamente enfatizó la conveniencia económica de sembrar soya transgénica y discutió a detalle los costos de la misma, lo cual a momentos hacía dudar sobre la parcialidad de la información que expuso. A diferencia de las sesiones informativas anteriores en Chencoh e Iturbide, él y la Dra. Sol Ortiz García mencionaron dos artículos con posiciones y opiniones distintas a las investigaciones financiadas por la CIBIOGEM. Sin embargo, en ambos casos se mencionaron las conclusiones de dichos artículos en una oración, sin citar a los autores o dar datos suficientes sobre dichas investigaciones, y refutándolos sin dar lugar a una reflexión sobre las diferencias entre los diferentes puntos de vista.

Todos los asistentes expresaron su descontento porque la consulta no es previa. Según los asistentes, esto ha provocado conflictos en las comunidades y mucha confusión.

La sesión cerró con varias preguntas y solicitudes que no fueron contestadas por los expertos ni expuestas en el acta de acuerdos de la sesión. El abogado Marcos Ramírez presionó a la comunidad a cerrar la etapa informativa, haciéndoles saber que en cualquier momento podían solicitar información y capacitación (en Chencoh sucedió lo mismo el 10 de julio pasado). Esto es preocupante porque en el proceso no se reconoce la diferencia cultural de los habitantes de la región que empuja a consentir actos que no se comprenden del todo. Las autoridades que aplican el actual proceso de consulta desconocen las prácticas culturales referentes al diálogo y el acuerdo en la región por lo que cometen errores importantes como lo es la repetición insistente para obtener consentimiento.

Este proceso de consulta es el primero en su tipo que se lleva a cabo en lacomunidad y en mi opinión no se tomaron las medidas necesarias para preparar a los locales para que estos sean capaces de ejercer su derecho a ser consultados. Cabe mencionar que consultas anteriores llevadas a cabo por la CDI se realizaron en forma de talleres y mesas de trabajo, los cuales son ejercicios más dinámicos y más apropiadas culturalmente en la promoción de participación comunitaria y la expresión de opiniones para el logro de acuerdos. ¿Porqué esta consulta ha seguido un formato no recomendado por la CDI, “la institución orientadora de las políticas públicas para el desarrollo integral y sustentable de los pueblos y comunidades indígenas, que promueve el respeto a sus culturas y el ejercicio de sus derechos?” (CDI, <http://historias-cdi.org/que- es-la- cdi/>, 2016)

Es preocupante que la gran parte de la comunidad desconoce su derecho a ser consultado, qué es una consulta, qué objetivos persigue una consulta, y cómo se lleva a cabo. Así también desconoce qué consulta se lleva a cabo actualmente en la región.

Concluyo que es ilegal que en una comunidad de más de 4000 personas, se levante un acta que cierra la etapa informativa de un proceso de consulta indígena con un quórum de un poco más de treinta personas. Es ilegal porque para que una consulta se efectúe “de buena fe y de una manera apropiada a las circunstancias, con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas propuestas” (Art. 6.2 del C169 – Convenio sobre pueblos indígenas y tribales, 1989 (núm. 169) de la Organización Internacional del Trabajo) se debe “fomentar la participación de los pueblos y comunidades indígenas, e impulsar el desarrollo de capacidades que les permitan hacer valer su derecho a participar con conocimiento de causa en las consultas que así les corresponda“(CDI, Panfleto informativo sobre “El derecho a la Consulta de los Pueblos y Comunidades Indígenas de México,” 2014).

Las autoridades que llevan a cabo esta consulta pretenden que se cumple con la ley y se protegen los derechos colectivos de la comunidad indígena de Dzibalchén en el municipio de Hopelchén, Campeche por medio de la obtención de firmas en documentos que pocos comprenden en esta población. Es penoso porque se desperdicia la magnífica oportunidad que un proceso como éste presenta para ser incluyentes, “superar las causas estructurales de las diferencias socioeconómicas de los pueblos indígenas en México, mediante una acción coordinada y sistemática, con la plena participación de los pueblos indígenas” (Consejo de Administración, 289ª reunión, marzo de 2004, Reclamación en virtud del artículo 24 de la Constitución de la OIT, México, GB.289/17/3: párr.139) y propiciar un ambiente de respeto a los derechos humanos en las comunidades indígenas de nuestro país.


Naayeli Ramírez es licenciada en derecho (2001) por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, también tiene una maestría en derecho público (2007, Universidad de Komazawa en Tokio) y dos doctorados, uno en derecho (2014, Universidad de Columbia Británica en Vancouver, Canadá) y otro en administración pública (2010, Universidad de Waseda en Tokio). Su última publicación es de octubre de 2015 en la Revista de Derecho Internacional y Comparado de la Universidad de Arizona sobre el juicio de Zirahuén y la interpretación judicial del derecho a la consulta sobre leyes. Su tesis doctoral en derecho versó sobre la interpretación judicial de derechos indígenas en varias partes del mundo: Canadá, Japón y México. Actualmente realiza una estancia postdoctoral en el Instituto de Investigaciones en la Educación de la Universidad Veracruzana con el apoyo de CONACyT y su proyecto de investigación se titula “La adopción del derecho indígena Totonaco, Purépecha y Maya en los procesos de consulta y diálogo en México.”

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