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Etapas de deliberación y consulta del proceso de consulta que lleva a cabo la CIBIOGEM en Vicente Guerrero (Iturbide), Hopelchén, Campeche

inturbideN15 de Julio de 2016, Hopelchen, Campeche, México.

Por : Naayeli Ramírez

Hoy en Vicente Guerrero (Iturbide), Hopelchén, Campeche se llevaron a cabo las etapas de deliberación y consulta del proceso de consulta indígena que lleva a cabo la CIBIOGEM (Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados) y CDI (Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas) por recomendación de la CNDH (Comisión Nacional de los Derechos Humanos) relacionada también con la orden de la SCJN (Suprema Corte de Justicia de la Nación) de consultar comunidades en este municipio acerca de la siembra de soya transgénica en los territorios ancestrales de sus comunidades.

Ambas etapas del proceso consumieron un total de cuatro horas del día de hoy sin la presencia de las autoridades comunales tradicionales, el comisario municipal y el ejidal, y la mayoría de los pobladores. La razón por la cual las autoridades y la gran parte de la comunidad (Vicente Guerrero es una comunidad con más de 450 ejidatarios y un número considerable de comuneros) no se presentaron a la reunión fue porque el proceso se llevo a cabo sin cumplir con el primer requisito de todo proceso de consulta: la consulta debe ser libre.

Las autoridades tradicionales y muchos comuneros y ejidatarios no se sentían libres para acudir a la reunión convocada por la CIBIOGEM y CDI por miedo a su integridad. Según entrevistas con los locales, la facción de la comunidad que acudió a la reunión es muy conflictiva; el líder de esta facción cuenta con procesos penales en su contra, y él y otros han amenazado en las últimas semanas al resto de la comunidad, los líderes tradicionales, y ejidatarios. En la sesión de acuerdos que se llevó a cabo en Hopelchén el día 30 de junio, algunos líderes de esta facción también amenazaron a las autoridades gubernamentales presentes en el proceso de consulta con la finalidad de que se les autorizara la siembra. Por miedo a un conflicto que arrojara heridos e incluso muertos, las autoridades y la gran parte de la población de Iturbide no salió de sus casas.

La reunión contó con la presencia de alrededor de quince Menonitas y más de 40 personas ajenas a la comunidad. La gran parte de las personas de la comunidad que acudieron a la reunión trabaja tierras de terceros, como por ejemplo Menonitas, o renta sus tierras a terceros ajenos. El acta final que esta sección de la comunidad firmó y entregó a los funcionarios públicos para terminar con el proceso de consulta en la comunidad fundamenta la decisión de permitir la soya transgénica en la región en la urgencia de obtener un mejor nivel de vida para ellos y su familia y hace un recuento de los precios de inversión y ganancia de la soya transgénica.

La sesión concluyó con una expresión de urgencia y terminó con la exigencia de los que acudieron de que en tres días se les dé contestación con respecto a su opinión. Los que acudieron a la reunión entendieron equivocadamente que en cuanto ellos dijeran que sí a la siembra, se les daría permiso de sembrar:”las lluvias deben llegar en cualquier momento por lo que esperamos la respuesta en tres días para que podamos sembrar.” La decisión entonces de la comunidad está fundada en una información equivocada que ningún funcionario se atrevió a explicar en ese momento. Es así que la falta de libertad en el proceso ha tenido consecuencias importantes en la información que se ha proveído a los consultados. La siembra está prohibida por orden judicial hasta que se consulte a otras comunidades, las cuales no comenzarán con el proceso de consulta sino hasta octubre de este año.

La CDI conoce sobre la situación de división y conflictividad que se vive en la comunidad de Iturbide ya que no es una situación reciente, y es ampliamente conocida en la región. Sin embargo ninguna de las autoridades tomaron las medidas necesarias para garantizar la libertad de los locales en el proceso. El proceso de consulta entonces no ha cumplido con los requisitos legales de libertad y información que tratados internacionales, las leyes nacionales, la recomendación de la CNDH y la orden judicial establecen.


Naayeli Ramírez es licenciada en derecho (2001) por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, también tiene una maestría en derecho público (2007, Universidad de Komazawa en Tokio) y dos doctorados, uno en derecho (2014, Universidad de Columbia Británica en Vancouver, Canadá) y otro en administración pública (2010, Universidad de Waseda en Tokio). Su última publicación es de octubre de 2015 en la Revista de Derecho Internacional y Comparado de la Universidad de Arizona sobre el juicio de Zirahuén y la interpretación judicial del derecho a la consulta sobre leyes. Su tesis doctoral en derecho versó sobre la interpretación judicial de derechos indígenas en varias partes del mundo: Canadá, Japón y México. Actualmente realiza una estancia postdoctoral en el Instituto de Investigaciones en la Educación de la Universidad Veracruzana con el apoyo de CONACyT y su proyecto de investigación se titula “La adopción del derecho indígena Totonaco, Purépecha y Maya en los procesos de consulta y diálogo en México.”

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